Este Decreto responde a la Proposición no de Ley, que a propuesta del PSOE, aprobó por unanimidad el Pleno de las Cortes del 25 de mayo y que instaba al Consejo de Gobierno a aprobar un protocolo con entidades sin ánimo de lucro que trabajan para garantizar los derechos de los castellano-manchegos en situación de privación de libertad en centros penitenciarios extranjeros, 35 actualmente.
